Deben haber creído ciertos ministros del Gobierno que por gozar de mayoría absoluta en el Congreso pueden hacer lo que les venga en gana y, poco a poco, la gente está respondiendo con sus movilizaciones a los atropellos de esos miembros del Gobierno y también de ciertos consejeros de las Comunidades Autónomas, cuando deciden pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.
A la rebelión de profesores y maestros del curso pasado, a las huelgas generales y las manifestaciones numerosísimas de los últimos meses, van uniéndose, en un bucle cada vez más potente, multitud de colectivos que se rebelan ante los citados atropellos. De entre todos los colectivos, quiero destacar hoy tres, que por las repercusiones que están teniendo sus movilizaciones están haciendo retroceder, si bien torpemente, a los mandamases desatados. Esos colectivos son tres: médicos y demás personal sanitario, jueces, fiscales y personal de los tribunales y grupos contra los desahucios.
La defensa del hospital de la Princesa, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, la rebelión contra la anticonstitucional ley de tasas judiciales del ultraconservador ministro Gallardón y el frenazo a los desahucios, que no ha hecho sino empezar, nos muestran a una ciudadanía que no se conforma con la pasividad, una sociedad que va a combatir duramente que se le recorten o se les quiten sus derechos más sagrados: derecho a la salud pública, a la educación pública y gratuita, a unas pensiones dignas y a un trato justo y humano para los desalojados de sus casas por culpa de la crisis.
Esta lucha no ha hecho más que comenzar; si los gobernantes no toman nota tendrán a la gente en la calle y en sus trabajos dispuestos a luchar por sus derechos. Y ante eso, la luz azul y las sirenas de los coches celulares de la policía no podrán. Haría bien el Gobierno en pensarse ciertas medidas ante de tomarlas, incluso en dar marcha atrás en otras; todo antes de seguir por esta senda de peligroso futuro.
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