Robles Amarillos

En el periódico El País de hoy publican un artículo de Antonio Muñoz Molina que suscribo al completo. Aquí lo traigo:

El Primero de Octubre era una de las fechas señaladas en una especie de calendario patriótico que venía al final de la Enciclopedia Álvarez, el libro de texto usado en mi escuela. Estaba también el Día del Estudiante Caído, y el de la Fundación de la Falange en el teatro de la Comedia, y el del nacimiento de Su Excelencia el Jefe del Estado, que fue el 2 de diciembre de 1892. La memoria humana, que para tantas cosas es tan frágil, se empeña en preservar tonterías. Como la mía era entonces muy buena, yo la tenía llena de nombres propios y de efemérides de batallas y de todo tipo de acontecimientos gloriosos, todos ellos ahora olvidados. El Estudiante Caído se llamaba Matías Montero, y era, junto a José Calvo Sotelo, uno de los “protomártires de la Cruzada”. Protomártir era una de aquellas palabras de muchas sílabas y difíciles de pronunciar que formaban parte del vocabulario franquista que se nos infligía sin miramiento a los escolares, y que volvía indescifrables las letras de los himnos que cantábamos en las formaciones pseudomilitares del patio. La Cruzada era la Guerra Civil, título épico y a la vez sagrado que por esta vez no venía de la burocracia de la propaganda fascista, sino del Santo Padre en persona, el papa Pío XII, que había tenido a bien identificar la sublevación de los militares facciosos de julio de 1936 con las guerras medievales contra los infieles.

Todo es cuestión de palabras. El franquismo cultivaba una retórica entre de arenga cuartelaria y lirismo falangista que lo empapaba cotidianamente todo, los discursos, los artículos de periódicos, las noticias de la radio y luego de la televisión. La guerra era la Cruzada de Liberación; el golpe de Estado, el Movimiento Salvador; la dictadura, Democracia Orgánica; los obreros, “productores”; las víctimas leales al bando triunfal, caídos, protomártires o mártires; el general Franco, el Generalísimo de los Ejércitos y, en ocasiones, el Centinela de Occidente. Y aquel 1 de octubre alzado sobre mayúsculas que nosotros nos aprendíamos de memoria era el Día de la Exaltación del Generalísimo Franco a la Jefatura del Estado. A otros los eligen, los designan, los nombran. La llegada de Franco a la cabeza de una junta de militares golpistas tenía que ser mucho más: era una Exaltación, como un alzarse milagrosamente él mismo, casi como una Ascensión a los cielos. Muy celestial tenía que ser el personaje para que las máximas autoridades de la Iglesia católica lo recibieran bajo palio a la entrada de sus catedrales o basílicas, y para que en las monedas, en torno a su perfil, hubiera aquella leyenda que era una de las primeras cosas que los niños aprendíamos a leer de corrido: “Francisco Franco, Caudillo de España por la gracia de Dios". Las monedas de una época desaparecen tan sin rastro de la circulación como desaparecen las palabras y expresiones específicas. A estas alturas el Primero de Octubre ya era solo el nombre de un hospital, pero ha tenido que venir nada menos que el Tribunal Supremo a recordarnos el sentido originario de la fecha. No he visto que los supremos magistrados usen en su dictamen la palabra “Exaltación”, lo cual sin duda es de agradecer. Pero a uno no le hace falta ser un radical —un exaltado, podríamos decir— para que la sangre se le hiele en las venas al enterarse de que el Tribunal Supremo, el templo civil de la legalidad democrática, el cónclave de las mentes jurídicas más sabias y más escogidas del país, considera que aquel día primero de octubre de 1936 el jefe del Estado de España era el general Franco. Lo leía y no podía creérmelo. Lo leía y me acordaba de mi enciclopedia escolar abierta sobre la tapa de madera tosca de un pupitre, en un aula presidida por un crucifijo y por las fotos simétricas de Franco y de José Antonio Primo de Rivera (otra muestra de vocabulario: El Ausente). Y luego ya no me hizo falta volver a leerlo porque pensé en los defensores de aquella legalidad republicana que según el Tribunal Supremo no debía de existir, ya que en aquel momento, en aquel octubre, quien representaba al Estado no era el presidente elegido por el Parlamento de acuerdo con la Constitución, sino un militar perjuro, nombrado por una junta de generales que habían desatado con un levantamiento la quiebra irreparable de la vida civil y toda la tragedia y la destrucción de una guerra.

Pero no es un asunto de opinión. A los juristas les gusta aleccionarnos sobre lo impersonal y objetivo de las leyes, y nos riñen a los legos cuando mostramos discrepancia o escándalo por decisiones jurídicas en las que intuimos, en nuestra ignorancia, el sesgo de la ideología o de la sinrazón. Lo llamativo de este Tribunal tan celoso de las leyes es la desenvoltura con que las ignora: en octubre de 1936, que se sepa, a pesar de las consecuencias desastrosas del golpe militar, el único Estado legalmente establecido era el republicano, el único reconocido internacionalmente, miembro soberano de la Sociedad de Naciones. Que dos años y medio después, incluso antes del final de la guerra, los países democráticos empezaran a reconocer al régimen de Franco, es sobre todo una prueba de la escandalosa soledad internacional en la que se encontró la España republicana, solo comparable a la Checoslovaquia entregada en 1938 a Hitler. Pero en octubre de 1936 solo la Italia fascista, la Alemania nazi y el Portugal de Salazar reconocieron a Franco como jefe del Estado. Gran compañía para los magistrados del Supremo.

Historiadores a los que respeto muestran una extraña aquiescencia con este dictamen. Si el jefe del Estado en aquellos días era Franco, Azaña sería un usurpador, y los que luchaban por la República serían sublevados. Nada más conveniente, pues, que dejar a Franco en el Valle de los Caídos, y que secundar a la derecha española en su negativa a reconocer la inmensa ilegalidad de casi 40 años, la crueldad y la vergüenza de la dictadura. Es llamativo que quienes reivindican a Don Pelayo, a los conquistadores de América, a los Tercios de Flandes se quejen de la obsesión por el pasado y por los muertos cuando se intenta restablecer una memoria democrática, por equilibrada y rigurosa que sea. No es decente que al cabo de casi medio siglo la tumba de un dictador sea un monumento público. No es decente ni es lícito, y ni siquiera creo que sea legal, aunque lo autorice el Tribunal Supremo.

En mi juventud y durante más de veinte años viví en el barrio de san Isidro, en una época en la que, si bien las necesidades básicas del barrio no estaban cubiertas, sí se estaban esforzando las diversas administraciones en mejorar las dotaciones más importantes. En varias ocasiones he regresado al barrio y he dado paseos observando los cambios habidos. Pero ha sido en este invierno pasado cuando más pausadamente he podido comprobar cómo está y qué cambios ha habido en estas últimas décadas.